Acuerdo Zona Cálida – ¿Beneficia realmente al Norte del país?

La propuesta de “Zona cálida” se presenta como una victoria federal, pero oculta una factura pesada: aumentos impositivos al gas, el rescate de deudas billonarias sólo para los porteños, y la congelación de infraestructura clave para el interior.

Cuando se examina la letra chica del proyecto lo que las provincias reciben mediante una simple resolución administrativa —un beneficio frágil y revocable con la firma de un funcionario — lo entregan en forma de ley permanente con un costo millonario que pagarán los usuarios de todo el país.

Subsidios a la baja y un nuevo recargo en la factura de gas

El acuerdo implica, en primer lugar, una reconfiguración de la Ley de Zona Fría que achica la cantidad de beneficiarios del subsidio al gas en gran parte del territorio nacional. Pero el golpe al bolsillo no termina ahí: para financiar el sistema, se establece un incremento inmediato en el recargo fijo que abonan todos los usuarios del país en cada factura de gas, elevándolo del 5,4% al 7,5%.

Como si esto fuera poco, la norma habilita al Ministerio de Economía a subir dicho tope hasta un 11,25%. Se produce así la primera gran paradoja del proyecto: mientras el Gobierno promueve la quita de subsidios directos a los usuarios, sube los impuestos y recargos fijos en las facturas de servicios básicos.

Si la gente recibe menos subsidios y paga facturas más caras con recargos más altos, ¿a dónde va ese dinero? La recaudación incremental no se destina a construir infraestructura ni a reducir los costos en las provincias.

¿Por qué condonación de deuda para Edenor y Edesur y no un trato equitativo?

El punto más polémico del proyecto es que el Estado Nacional reconozca y salde las acreencias que las dos grandes distribuidoras de AMBA, Edenor y Edesur, reclaman a la mayorista CAMMESA. El texto no fija un límite ni calcula el costo final. Tan solo el reclamo acumulado por Edenor supera los $3,65 billones de pesos. Frente a este panorama, surge una pregunta inevitable en el mapa político nacional: ¿por qué se otorga este rescate financiero a las empresas que operan en Capital y Gran Buenos Aires mientras el resto de las provincias no exige un trato equitativo?

Mientras las distribuidoras y cooperativas del interior sufren la presión constante de CAMMESA para regularizar sus cuentas bajo amenaza de embargos o recortes de suministro, a las dos empresas privadas del AMBA se les firma un "cheque en blanco" cuya cuenta final será saldada por todos los argentinos.

Lo que el Norte celebra como una victoria —la elevación del tope de consumo eléctrico a 550 kWh/mes para el verano— es en realidad un retroceso respecto a lo alcanzado en la gestión anterior: mediante la Resolución SE 907/2023 de la Secretaría de Energía conducida por Flavia Royón, el cupo subsidiado para el verano 2023-2024 era aún mayor, alcanzando los 650 kWh/mes, un beneficio que posteriormente nunca fue renovado.

Un impacto asimétrico: el caso de Tucumán

En la práctica cotidiana del usuario, el balance del acuerdo resulta fuertemente desfavorable. Para provincias como Tucumán, el promocionado subsidio estival solo alcanzará al 5% de la población, mientras que los aumentos de recargos del invierno perjudicarán al 100% de los tucumanos. Para colmo de males, al tratarse de una simple resolución administrativa y no de una ley, no existe ninguna garantía legal de que el verano siguiente los usuarios vuelvan a obtener el beneficio, pero el recargo en el gas será ley.

Mientras tanto, la agenda de fondo del interior sigue paralizada:

• Sin gas propio: La cancelación del Tramo II del Gasoducto Néstor Kirchner deja al NOA dependiendo de importaciones caras de gas. La paradoja es total: el costo de esta obra cancelada es menor al monto que reclamaba una sola de las distribuidoras porteñas.

• Recaudar sin construir: A pesar de que el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal fue disuelto, se continúa cobrando el recargo en las facturas de luz de todo el país (con más de $38.600 millones acumulados), pero las obras de alta tensión para conectar al norte están completamente frenadas.

El acuerdo por la Zona Fría vuelve a exponer la hegemonía del modelo centralista: el interior acepta pagar tarifas más caras y financiar pasivos privados del AMBA a cambio de un descuento estival insignificante, provisorio y para una ínfima proporción de usuarios.

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